Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos.

El 2022 entró en vigor el nuevo Código de Aguas con importantes cambios relativos al consumo humano, protección ambiental y actividades productivas. Este nuevo código amplía las facultades de la autoridad para el otorgamiento de derechos de agua; pero, al mismo tiempo establece obligaciones y sanciones a los regantes para inscribir, registrar y regularizar derechos de aprovechamiento con plazos acotados so pena de caducidad, multas y fin de procedimientos regularizatorios.<br /> <br /> Esta falta de inscripción, registro y regularización de derechos de aprovechamiento provocará trabas al mercado del agua, limitará el pleno ejercicio de los derechos de agua, restringirá la participación de programas gubernamentales en fomento al riego y a la agricultura, provocará debilidades en la gobernanza y gestión pública-privada del agua y creará inseguridad jurídica a los regantes sobre derechos y caudales debido a que un importante número de derechos e agua caducarán y otros no alcanzarán ser regularizados.<br /> <br /> Frente a esta realidad, regantes y organizaciones de usuarios han solicitado apoyo a distintas instituciones para dar cumplimiento a estas obligaciones, pero el financiamiento es el principal problema. Por lo mismo, se propone una alianza público-privada con INDAP y GORE donde la I. Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua podría ser la contraparte técnica y de control.<br /> <br /> Para efectos de explicar estas exigencias del nuevo Código de Aguas y las consecuencias que conlleva la caducidad y no regularización de los derechos de aguas tanto para los regantes como a los canalistas, se solicita reunión Lobby con el alcalde Sr Guido Carreño.